Durante la segunda audiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), representado por la Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en voz del presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Hugo Círigo, ironizaron y expusieron argumentos débiles para defender la constitucionalidad de la Ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal hasta la semana 12 de gestación.
Aunque aseguró que haría una defensa eminentemente “desde la técnica jurídica constitucional”, el representante de la ALDF centró sus argumentos en asegurar que “los embriones no son personas y por lo tanto, no pueden ser titulares de derechos fundamentales”.
Ante la falta de sustento legal, con una fuerte carga de ironía a lo largo de su exposición, dijo que el embrión no reúne ninguno de los atributos de la personalidad, pues no cuenta con “capacidad”, con estado civil, ni con patrimonio, domicilio ni nacionalidad.
“Pues de otra manera, tendrían una doble nacionalidad quienes fuesen concebidos en un país y nacieran en otro y requerirían pasaporte los embriones que pasaran de un país a otro en el vientre de la mujer embarazada”.
Sin dejar el sarcasmo, Círigo Vázquez agregó que de aceptarse al genoma como titular de derechos fundamentales “tendríamos que sostener que los bancos y laboratorios donde se almacenan células troncales del cordón umbilical o bien los óvulos fecundados in vitro constituyen privaciones ilegales de la libertad en una escala masiva”.
En varias ocasiones se refirió a los “actores que exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la ley que despenaliza el aborto” e incluso en una parte de su mensaje dijo que abordaría los principales argumentos de estos actores “uno por uno”.
Luego en improvisada conferencia de prensa en la explanada de la corte, acompañado de los coordinadores de la Coalición Socialdemócrata, Jorge Carlos Díaz Cuervo y de los grupos parlamentarios del Panal, Xiuh Guillermo Tenorio Antiga y del PRI, Jorge Schiaffino Isunza, dijo que aprovechaba el momento “para mandar un mensaje a quienes están luchando en contra de este reconocimiento, de estos derechos que sirven a las mujeres y que es : dejen en paz a las mujeres, dejen que las mujeres decidan si continúan o no con un embarazo.”.
En tanto, la Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, centró sus argumentos en una defensa de género pues aseguró que el gobierno capitalino concibe la maternidad como un derecho y no como un castigo o imposición.
Al referirse a quienes argumentan la inconstitucionalidad de la ley, dijo que “el momento que ellos fijan el inicio de la vida, en ese momento termina la libertad de la mujer”.
A un año de la aprobación de las reformas al Código Penal, Bonifaz informó que 14 hospitales del Distrito federal dieron atención a 18,302 personas que se acercaron a pedir información. Solicitaron la interrupción del embarazo 11,462, de las cuales 525 eran menores de edad.
Se realizaron 7,820 interrupciones de embarazo, 358 a menores de edad, lo que constituye el 4.57 por ciento
Ninguna instancia externa, ironizó Bonifaz, debe decidir por las mujeres, “aún cuando pretendan hablan en nombre del embrión o en el nombre del padre”
Al menos para la prensa, llamó más la atención la actitud que mostró en todo momento Leticia Bonifaz Alfonso, Consejera Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, que la intervención de Martha Lucía Micher Camarena, Directora General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
El Inmujeres del DF, considera que este tribunal tiene la oportunidad histórica de realizar un análisis de las reformas impugnadas desde una perspectiva de género, leía Micher Camarena, mientras a sus espaldas la funcionaria del GDF no paraba o de arremolinarse en su silla, mostrando más allá de las rodillas o de quedarse intermitentemente dormida.
En su oportunidad, Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, apoyó sus argumentos en la “teología católica” e insistió en que la laicidad del estado es imprescindible para la libertad de conciencia, por lo que las restricciones al aborto tienen como efecto el menosprecio a la autoridad moral y al derecho a decidir de toda mujer embarazada.
Martha Lamas, directora de la Revista Debate Feminista, parecía que a veces estaba por la inconstitucionalidad de la ley, pues subrayó que “todos deseamos que nunca ninguna mujer se enfrente al aborto”, aunque luego rectificaba y enfatizó que el penalizar la interrupción del embarazo “obliga a la mujer al riego de la clandestinidad”.
El senador Pablo Gómez, desaprovechó sus siete minutos de intervención al limitarse a dar lectura a los 13 puntos contenidos en una aburrida ponencia de cuatro cuartillas, cuyo contenido no aportó ideas que sustentaran el respaldo que hace la ALDF a la despenalización del aborto.
Para dar idea del bajo perfil que caracterizó a la segunda audiencia pública organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para presentar argumentos que sustentaran la viabilidad de su ley aprobada en abril de 2007, el legislador inició mencionando lo que ya toda la sociedad conoce:
“Que las mujeres decidan de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
