Inconstitucional la despenalización del aborto en el DF
Los actos legislativos y ejecutivos de las autoridades de esta Ciudad no se ajustaron a los preceptos Constitucionales y por tanto deben ser declarados inconstitucionales, advirtió la diputada federal panista Dora Martínez Valero, al sentenciar que en consecuencia la ley que despenaliza el aborto es improcedente.
Ponencia de Dora Alicia Martínez Valero, diputada federal del PAN
Los actos legislativos realizados por la Asamblea Legislativa y promulgados por el Jefe de Gobierno, remarcó, resultan notoriamente inconstitucionales, ya que ha quedado de manifiesto que la facultad de legislar en materia de salud es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Al participar en la tercera Audiencia Pública, promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si es constitucional o no la despenalización del aborto, la legisladora sostuvo que ninguna ley secundaria puede estar sobre la Constitución.
“Si bien es cierto que las Entidades Federativas cuentan con facultades para autodeterminarse y autorganizarse, no pueden invadir la esfera de competencia del Legislativo Federal, peor aún el Distrito Federal, al ser una entidad sui generis, pues no se considera formalmente un estado libre y soberano como los 31 restantes”.
En todo caso, señaló la diputada panista, el DF únicamente es la sede de los Poderes de la Unión como lo dispone el artículo 44 de la Carta Magna, y sólo puede legislar en lo que expresamente le establece la Constitución, por tanto sus facultades se encuentran restringidas.
Dejó en claro que la Asamblea Legislativa carece de facultades legales para poder definir al fenómeno reproductivo conocido como embarazo, pues este es un concepto de salubridad general.
No obstante lo anterior, explicó, el Ejecutivo Local puede participar, en el ámbito de sus competencias, en el desarrollo de los sistemas de salud, en los términos de los acuerdos de coordinación que suscriba con la Secretaría de Salud.
Confío que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será cuidadosa al resolver el tópico en comento, puesto que no solo se trata de la simple legalización de actos que atentan contra los derechos fundamentales de los concebidos no nacidos hasta las 12 semanas de gestación, sino porque sentaría un grave precedente de la invasión de las esferas competenciales del Congreso de la Unión.
Además, dicho precedente pudiera detonar en las legislaturas del resto del país iniciativas que pongan en peligro la soberanía competencial del Legislativo Federal o bien de algún otro poder.
