Colaboración de Carolina Beauregard para El Universal Gráfico
Las reformas constitucionales aprobadas en 18 estados de México que protegen la vida desde la concepción incidirían en la reducción de la tasa de mortalidad materna, según los reportes oficiales en la materia de varios países miembros de la ONU con motivo de la conmemoración de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Algunas delegaciones de países y organizaciones civiles internacionales como Family Watch, Project for Human Development, Institución de Formación Investigación y Estudios de la Mujer y C-FAM, con sede en Nueva York y Washington, DC, entre otras, presentaron investigaciones que reportan que los índices más bajos de muertes maternas se encuentran en Chile, en América Latina; Sri Lanka, en Asia; Isla Mauricio, en África, e Irlanda, en Europa. Se trata de naciones con condiciones económicas, políticas y sociales distintas pero con un punto en común: todas protegen constitucionalmente la vida desde la concepción.
En contraste, según el mismo estudio, los países que reportan las tasas de mortalidad más altas en el mundo tienen políticas liberales que permiten la cancelación del embarazo, en su mayoría sin restricciones. Dichos estados son: Guyana, en Sudamérica; Nepal, en Asia; Etiopía, en África y Rusia, en Europa. Aunado a lo anterior, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desafortunadamente pocos gobiernos quieren ver, 87% de las causas de mortalidad materna en el mundo se debe a cuestiones elementales de salud pública que por ende resultarían prioritarias de atender, como hemorragias, infecciones, presión arterial alta durante el embarazo (eclampsia) y obstrucciones en la labor de parto.
El 13% restante de muertes se debe a abortos “inseguros”, lo que tampoco debe ignorarse, pero sí leerse ante la experiencia de los países que reportan las tasas de mortalidad materna más bajas y más altas en el mundo. Si bien es cierto que para ningún país es deseable que haya una alta tasa de mortalidad materna, la resolución aprobada el viernes 12 de marzo pasado en la ONU en la conmemoración de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer ignoró los datos y estadísticas de la propia OMS, que señala las principales causas de mortalidad materna.
La solución científica y humanitaria ante el lamentable hecho de la mortalidad materna en pleno siglo XXI es que se debe proveer y mejorar la infraestructura de salud básica para que las mujeres puedan sobrevivir a un parto en África, América Latina o cualquier país en vías de desarrollo sin arriesgar su vida por carecer de las condiciones elementales de apoyo médico.
Por otro lado, según la experiencia de los países mencionados con las tasas más bajas de mortalidad materna por continente, el aborto o la cancelación del embarazo, legalizado o no, siempre será una trasgresión de alto riesgo para la vida de la madre, al contrario de lo que se ha pretendido difundir por parte de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que promueven dicha práctica, por lo que su legalización sólo agudizaría el problema, lejos de solucionarlo.
La cooperación internacional que dirige la ONU y a su vez, los países miembros, deberían trabajar por resolver las condiciones básicas de infraestructura, educación y salud que exacerban las diferencias entre las naciones y no dar cabida a ideologías y agendas políticas que se antepongan a los datos y estadísticas oficiales que explican las verdaderas causas de la mortalidad materna.
De ser así los damnificados serán siempre los ciudadanos y en este caso, las mujeres del mundo, al querer recetarles una medicina que está comprobado no necesitan.
