
Pese a las presiones abortistas de algunos organismos internacionales, el movimiento pro vida de América Latina sigue sumando victorias: 18 enmiendas constitucionales en defensa del no nacido en distintos estados de México; el rechazo a la píldora del día siguiente en Argentina, Ecuador, Chile y Perú; o la prohibición total del aborto en Nicaragua y El Salvador marcan una época de éxitos espectaculares.
Asì, México D. F., la capital mexicana, se ha convertido en el principal campo de batalla. Tras la legalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital mexicana, ahora se ha abierto un debate ficticio en todo el país sobre la laicidad de la República.
Los partidarios del aborto y del matrimonio gay protestaron en su día contra las “intromisiones” de la jerarquía católica en estos debates. Con ello, han logrado que el Parlamento de México tramite una enmienda para introducir en la Constitución que la República es “laica” .
Más que la separación entre la Iglesia y el Estado que plantea esta enmienda, lo que preocupa a algunos analistas es la deriva radical del PRD, un partido de izquierda que gobierna el Distrito Federal desde 1997.
México: 18 estados blindan la vida
Por iniciativa del PRD, el 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legalizó el aborto a petición hasta las 12 semanas de gestación. A partir de la semana 12, se permite abortar en los casos de violación, malformación del niño o peligro para la vida de la madre.
Diversas asociaciones cívicas promovieron entonces un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de México, pero el tribunal consideró que la ley era constitucional.
Tras este varapalo, los pro vida actuaron con rapidez para evitar que el aborto fuera despenalizado en los demás estados de la República. Para eso, emprendieron un movimiento destinado a introducir en las Constituciones de cada estado una enmienda que proteja la vida “desde su concepción hasta su muerte natural”.
A fecha de hoy, 18 de los 32 estados han aprobado ya esas enmiendas constitucionales. El movimiento pro vida ha celebrado estas reformas como un logro histórico. Según Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute, los sectores abortistas “están aterrados de que su triunfo en México D.F. se diluya (…) y, consecuentemente, se frustren sus planes para América Latina”.
Un aspecto que ha suscitado más polémica es que algunos de los estados que han aprobado las enmiendas –como Veracruz o Tamaulipas–, han aprovechado la ocasión para sustituir la pena de cárcel para la mujer que aborta por “la atención médica integral que le permita afrontar las consecuencias de tan dramático acontecimiento”.
Junto al empeño legislativo por blindar la vida en las Constituciones estatales, el Comité Nacional Pro-Vida continúa extendiendo una red de apoyo solidario a la mujer embarazada. Su objetivo primordial es facilitar alternativas realistas al aborto a través de los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), distribuidos por todo el país.
Además de prestar ayuda a más de 60.000 mujeres gestantes, cada año los CAM salvan del aborto a 1.700 niños. Según sus promotores, más del 90% de las mujeres que acuden a estos centros con el deseo de abortar deciden tener al hijo cuando reciben apoyo emocional y recursos prácticos: casas de acogida, ayudas por maternidad, cuidado y transporte de niños, servicio médico, etc.
La experiencia de México ha servido de modelo a 15 países de América Latina. Gracias al impulso de Jorge Serrano Limón, uno de los líderes pro vida más conocido de la región, se ha puesto en marcha la Red Latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer (http://www.camslatinoamerica.org/). COPE.ES




















