Al celebrar el primer aniversario de la reforma constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción, organizaciones de la sociedad civil en Yucatán aseguraron que por lo menos en nueve entidades más se trabajan cambios constitucionales similares, entre otros Tlaxcala, Sinaloa, Baja California Sur y Tamaulipas, en donde incluso el proceso legislativo se encuentra en fase avanzada.
La Red Pro-Yucatán que aglutina a 47 organizaciones de la sociedad civil, ratificó su compromiso de coadyuvar con el Estado, “convencidos de que es indispensable una sociedad que defienda la integridad de todos los individuos comenzando por lo más fundamental de su dignidad que es la vida.
La organización aseguró que las modificaciones constitucionales realizadas en otros 16 estados de la República, “son vigentes, legítimas y legales” porque fueron aprobados por la mayoría de los partidos políticos representados en los congresos locales, responden a la decisión soberana del Estado y cuentan con el respaldo de la mayoría de la sociedad en cada entidad.
En declaraciones a los medios de comunicación, Ivette Lavida presidenta de la Red Pro-Yucatán dejó claro que la ley a favor del derecho a la vida aprobada el 15 de julio del año pasado, obedece al reclamo de la sociedad civil que fue escuchada por la mayoría de las fracciones del PRI, PAN , PANAL y el Partido Todos Somos Yucatán.
Los partidos políticos, asegura Laviada, reconocieron, protegieron y garantizaron el derecho a la vida de todo ser humano, “al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, con las salvedades ya previstas en leyes ordinarias”.
Por ello, dejó claro que “la defensa de la vida no es un capricho, es un compromiso que comparte la mayoría de los mexicanos”.
Dijo que los cambios constitucionales están encaminados a proteger a la mujer, en especial a la mujer embarazada, de tal manera que sus derechos no sólo se mantienen a salvo sino que generan condiciones para que el Estado les brinde mayor atención y protección.
En especial la reforma brinda protección a los niños y niñas por nacer, señaló Ivette Laviada, representante de la sociedad civil en Yucatán.
Y es que en Yucatán, al igual que en 17 estados de la República en donde se han llevado a cabo estas reformas “se mantienen a salvo las excusas absolutorias, lo que hace posible que no exista sanción penal ni castigo alguno para la mujer que se enfrente a la grave circunstancia de cancelar su embarazo cuando éste es producto de una violación, si corre peligro su vida o su salud, cuando existe malformación congénita del bebé y/o por causa imprudencial.
Además, Yucatán al igual que Morelos, Durango y Jalisco acompañaron la reforma constitucional con modificaciones al Código Penal que permiten la sustitución de la pena de cárcel para la mujer que aborte, por atención médica integral. En Chiapas se sustituyó por tratamiento médico integral en libertad y en Querétaro se sustituye por primera vez, la pena de cárcel por trabajo comunitario.
Por ello, afirmó, en poco más de un año de lucha, la sociedad civil ha impulsado 17 reformas constitucionales que otorgan plena garantía a la vida desde el momento de la concepción, y que “defienden, no criminalizan”. EL UNIVERSAL
